El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme una condena de $520 millones contra el Estado al concluir que la Fiscalía General incurrió en un error judicial al anunciar en 2015 una imputación de cargos en contra de la actriz y cantante Carolina Sabino, por practicarse un aborto, o una interrupción voluntaria de un embarazo (IVE).

La actriz presentó una demanda contra la Fiscalía por perjuicios y daños causados a ella y a los miembros de su familia.

Los magistrados condenaron a la Nación, en cabeza de la Fiscalía General, al pago de la millonaria suma a pedirle perdón por la afectación causada.

El alto tribunal fijó un plazo de 30 días para que los delegados de la Fiscalía ofrezcan disculpas públicas a la actriz como desagravio, por los hechos registrados en septiembre de 2015.

En ese entonces el Fiscal General Eduardo Montealegre y el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, anunciaron que ese organismo imputaría cargos contra la actriz por estos hechos.

En la misma decisión se le ordenó a la Fiscalía llevar a cabo una capacitación a sus funcionarios en torno al respeto que se debe tener en relación con los derechos sexuales y reproductivos en los casos en los que se investigue, judicialice o acuse la comisión del delito de interrupción del embarazo.

El fallo fue emitido por parte de los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Bertha Lucy Ceballos y Juan Carlos Garzón Martínez, que ratificaron la sentencia emitida en septiembre de 2020 en contra de la Nación por el juez de primera instancia, la cual fue apelada por la Fiscalía.

El juez civil de primera instancia determinó que la Fiscalía vulneró el debido proceso, al anunciar el 11 de septiembre del 2015 en el grupo de whatsApp de los periodistas que cubrían la fuente, que se iba a realizar una imputación de cargos por el delito de aborto.

Según indicaba el mensaje, la base del proceso era una interceptación telefónica que se le había hecho a la también actriz Lina Luna, hermana de Carolina, en medio de la investigación por el escándalo del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila y las interceptaciones a las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana (Cuba) entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

La defensa cuestionó la publicidad con la cual la Fiscalía manejó este caso, al anunciar que acudiría ante los jueces para imputarle cargos a la actriz y ante ello, el Tribunal llamó la atención porque ese organismo tenía el deber de mantener bajo reserva este tipo de procesos, más aún teniendo en cuenta que apenas se encontraba en etapa de indagación.

El tribunal también tuvo en cuenta que luego de desatado el escándalo por esta controvertida decisión, en febrero de 2016 la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, resolvió el archivo del caso.